Reforma laboral tras
reforma laboral, los mecanismos de solución pacífica de conflictos
laborales han sido laminados hasta casi su desaparición. Hacer hoy un
despido colectivo, o una eliminación de condiciones laborales, es un
simple procedimiento donde la Ley no pone apenas justificación o
impedimento alguno a los deseos empresariales.
Cuando la Ley está del lado de una de las partes, es de pura lógica que sólo pueda equilibrarse la relación de fuerzas en una mesa
de negociación mediante una mayor combatividad y contundencia en las
movilizaciones y huelgas. Simplemente, porque las herramientas legales
han sido destrozadas. Y esa es la apuesta, grosso modo, de la CGT y
otros sindicatos.
Sin embargo nos encontramos
una y otra vez con una actitud totalmente opuesta en la inmensa mayoría
de los EREs con presencia del sindicalismo de concertación,
especialmente CCOO y UGT. Los representantes de las federaciones
aterrizan de inmediato, repartiendo consignas de contemporización y dilación en las movilizaciones. A continuación empiezan a negociar las condiciones de los
despidos, algo que ya es conocido aceptan las empresas sin mayor
problema. Finalmente, se pone a votación el acuerdo cuando no hay plazo
ante una plantilla derrumbada y resignada.
En un escenario de
desequilibrio de fuerzas, frenan toda propuesta de movilización firme,
dividiendo a la plantilla, boicoteando movilizaciones de otros y
firmando ERE tras ERE sin apenas ruido. ¿Por qué?
¿Recibe dinero CCOO y UGT por ERE pactado?
Que esos dos sindicatos
recibían dinero en metálico de las empresas cuando firmaban un ERE era
un secreto a voces. A veces algunos bufetes cometían el error de incluir
los ‘honorarios’ en los acuerdos firmados, así pudo la CGT denunciarlo públicamente en varias ocasiones.
Aunque probablemente no hay una tarifa estipulada, diversas informaciones periodísticas lo tasan en hasta un 10% del coste por despido.
Obviamente algo así no es
algo que se asuma abiertamente por ambos sindicatos. Hubo que esperar al
escándalo de los EREs de Andalucía, donde se recogían diversos pagos
realizados, para que el secretario general de CCOO lo reconociera públicamente: “Toxo
aclaró que se facturan servicios, no se cobran “comisiones”, como
entiende la instrucción judicial, y añadió que los gastos deben recaer
sobre las empresas que presentan el ERE y no sobre los trabajadores y
trabajadoras.”
Y ya lo teníamos: CCOO y
UGT alegan facturar ‘servicios jurídicos’ a las empresas para que no los
paguen los trabajadores despedidos. En un ERE típico cualquier
sindicato moviliza a uno o varios abogados, se realizan auditorías
económicas de los datos proporcionados por la empresa y, si no hay
acuerdo, se inicia un procedimiento judicial.
Es curioso que la CGT, un
sindicato autofinanciado casi en su totalidad por las cuotas de sus
afiliados, pueda hacer frente perfectamente a esos gastos sin cobrar ni a
empresas ni trabajadores y los dos sindicatos mayoritarios de este país
con múltiples vías de financiación no.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
En la Coordinadora de Informática de CGT hemos sufrido hace pocas fechas la acción de estos sindicatos en INDRA, no vamos a extendernos demasiado sobre algo ya bastante conocido.
En esta ocasión ni pusieron
el preacuerdo a votación de la plantilla porque, en palabras de la
abogada del bufete de Indra en la mesa de negociación “Nada de
referéndums vista la experiencia en procesos anteriores”. Y es que la CGT tumbó hacía poco un ERE de 672 despidos en Atento por pucherazo de CCOO y UGT. Hasta este nivel llega la sumisión.
Las indemnizaciones por
despido de personal informático con bastantes años de antigüedad y
sueldos previos a la crisis/estafa suelen ser bastante elevados. Una
previsión conservadora podría estar en una media de entre 40-50000€ por
cada uno de los 1750 despidos. Haced vosotros mismos los cálculos de
los ‘honorarios’ entregados según la información periodística existente
por los ‘gastos’ en este ERE.
A continuación os indicamos un cuadro obtenido a partir de datos públicos del Ministerio de Empleo. www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
Más de 250.000 despidos en 5
años en EREs pactados, la gran mayoría de ellos firmados por ambos
sindicatos. Hablamos de una importantísima vía de entrada de dinero en
unos momentos en que es conocido su problema en la caída de afiliación y
recorte de otras vías de entrada financiera como presencia en consejos
de administración, fondos de formación o subvenciones varias.
Nos gustaría poder detallar
a cuánto ascienden las facturas por EREs pactados, pero esa información
no está disponible, esperamos la publiquen al detalle algún
día...Bueno, en realidad no esperamos que lo hagan (la verdad.)
¿Y qué puede hacerse?
Si has llegado hasta aquí y
por tu cabeza se cruza la idea “todos son unos vendidos, mejor paso de
todo”, tenemos una noticia: el Sr. Don Emilio Botín Sanz de Satuola se
retuerce de placer en el infierno al oírlo.
Los y las trabajadoras
estamos acabados si dejamos que esta dinámica perversa siga destrozando,
no sólo nuestros derechos laborales sino también la vida de la que
dependen. En las empresas, en el sector, en la sociedad, desde CGT y
otros sindicatos libramos una doble batalla: contra el habitual enemigo
que nos lo quiere arrebatar todo y contra aquellos estómagos agradecidos
que trabajan para reventar tu oposición desde dentro.
No es el mensaje
antisindical y aislado la respuesta, (¡qué más quisieran los que
mandan!), sino ir al sindicato que plante cara con el que más te sientas
identificado para fortalecerlo. O les botamos de todas las esferas de
colaboración o acabaremos comiendo miseria, sin salir jamás de ella. Es
así de sencillo, si no nos reagrupamos vamos al matadero con las manos
atadas.
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